La política húngara vive un terremoto de proporciones continentales. La victoria de Peter Magyar y su formación, el partido TISZA, no solo supone el primer gran desafío real al ecosistema de poder construido por Viktor Orbán durante más de una década, supone la redefinición de las coordenadas del tablero geopolítico en el Este de Europa. Desde una perspectiva politológica, no estamos ante un simple relevo de siglas, sino ante una reconfiguración de la hegemonía en el Grupo de Visegrado.

La corrupción no es solo un delito económico; es un ácido que debilita los cimientos de la democracia, distorsiona los mercados y profundiza las desigualdades sociales, y que afecta igualmente al funcionamiento del mercado interior, al uso de los fondos públicos y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es por ello que la lucha contra la corrupción se ha convertido en una de las prioridades estratégicas de la Unión Europea en los últimos años, y en este contexto la reciente propuesta de Directiva europea (aprobada provisionalmente el pasado mes de diciembre, y pendiente de aprobación definitiva), destinada a reforzar la lucha contra la corrupción representa uno de los intentos más ambiciosos de homogeneizar las normas penales en el ámbito comunitario, armonizando las definiciones y sanciones penales por corrupción en toda la UE  y  tipificando delitos como soborno, malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, con unas penas mínimas más severas.

“Pays de merde”, gritaba airado el “muñegote” que “Les guignols de l’info” le dedicaban a Lionel Jospin, una vez que hubiera decidido retirarse de la vida política al haber sido eliminado en la primera vuelta de las Presidenciales de 2002 –por unas décimas- por el líder de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen. Se abría además un `boulevard´ hacia la reelección a su adversario, Jacques Chirac, con quien había protagonizado una cohabitación desde 1997 al frente del ejecutivo. El ya exprimer ministro no podía entender como Francia le había dado la espalda a punto de subir al más alto escalón de la política francesa, después de haber gobernado durante un período de bonanza económica y de importantes avances sociales como la implantación de la jornada de 35 horas, la cobertura sanitaria universal y el llamado Pacto Civil de Solidaridad, que venía a reconocer a ojos de la administración a las parejas de hecho tanto hetero como homosexuales y que posibilitó, casi 15 años después, que el matrimonio homosexual se instaurase durante el mandato de otro socialista, François Hollande, con la fuerte oposición de la derecha más rancia y de la Iglesia.

En el conflicto actual, mientras Benjamin Netanyahu sigue alegando sobre todo motivos de seguridad nacional para desencadenar la nueva guerra, Donald Trump –aunque también– parece más movido por sus obsesiones de control de las producciones de crudo de Oriente Medio, a través de sus aliados árabes.

La geopolítica de Trump se entrecruza siempre con la idea de negocio, con viejas ambiciones de lo que podríamos llamar una cierta geopolítica de la petroleidad. Se trata de una concepción anclada históricamente en determinados círculos de poder, especialmente en Estados Unidos… pero no sólo allí.

La relación entre Estados Unidos e Irán vuelve a situarse en el centro del debate internacional. Las tensiones acumuladas durante años, junto con decisiones políticas adoptadas en Washington, han contribuido a reactivar un conflicto cuyas implicaciones afectan no solo a Oriente Próximo, sino también al equilibrio global y al papel de las instituciones internacionales.

Desde hace décadas, la relación entre ambos países está marcada por la desconfianza, las sanciones económicas y episodios recurrentes de confrontación indirecta. Sin embargo, distintos analistas subrayan que, en determinados momentos, la escalada responde más a decisiones estratégicas o políticas que a una amenaza inmediata o a un escenario de defensa inevitable. Este debate resulta especialmente relevante en un contexto internacional en el que la proliferación nuclear, la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional siguen siendo cuestiones centrales.

Las presiones geopolíticas, la necesidad de soberanía económica y los desafíos globales climáticos, exigen a la Unión Europea un salto cualitativo y la progresiva adopción de una transición, de naturaleza federal, que nos lleve a medio plazo a unos Estados Unidos de Europa. La UE se encuentra en estos momentos ante el dilema de avanzar firmemente hacia una integración política y económica más profunda o estancarse en una unión de mercados vulnerable ante los desafíos globales.

Febrero de 2026 marca 4 años de la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que ha transformado de manera profunda la arquitectura de seguridad europea y la propia naturaleza de la acción exterior de la Unión Europea (UE). Lo que comenzó en 2022 como una crisis aguda en la periferia oriental se ha convertido en un elemento estructural de la política europea. Cuatro años de guerra no sólo redefinieron la relación entre Europa y Rusia, también la capacidad de la Unión para actuar como un actor geopolítico coherente.

Europa constata cada vez más la aceleración del cambio climático. Los científicos advierten que los países europeos sufren desde hace décadas un calentamiento aún mayor que la media planetaria.

En un informe del 17 de febrero de 2026, el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático ha señalado que si el calentamiento global podría subir entre 2,8 y 3,3ºC desde ahora hasta final de siglo, Europa vive un ascenso aún más acelerado que ya está aproximadamente 1ºC por encima de la media del planeta.